La Defensoría del Pueblo comprobó a través de las denuncias de los propios afectados y de relevamientos realizados las siguientes deficiencias: falta de recursos humanos, condiciones de precarización laboral, alta rotación de personal especializado, la inadecuación de los lugares de trabajo, falta de equipamiento técnico, y desempeño de tareas en situación de hacinamiento.
Las defensorías son unidades descentralizadas del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la CABA que se encuentran obligadas a intervenir en toda situación de amenaza o vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, según lo establece el art. 70 de la Ley 114. En este sentido, cuando la vulneración sea consecuencia de la falta de acceso a una política pública, tienen que intervenir para establecer cuál es la situación de amenaza de esos derechos, las estrategias a implementar, los tiempos estimados para hacerla cesar y reparar sus consecuencias.
El alto cúmulo de trabajo que afrontan los profesionales de las defensorías zonales, sumado a la falta de recursos suficientes, no permite cumplir acabadamente con la finalidad que persiguen estos órganos. Así, se pone de manifiesto la falta de cumplimiento de funciones y de medidas esenciales para la restitución de los derechos afectados.
El alto cúmulo de trabajo que afrontan los profesionales de las defensorías zonales, sumado a la falta de recursos suficientes, no permite cumplir acabadamente con la finalidad que persiguen estos órganos. Así, se pone de manifiesto la falta de cumplimiento de funciones y de medidas esenciales para la restitución de los derechos afectados.
La defensora del Pueblo, Alicia Pierini recomendó a la presidenta del CDNNyA que garantice el regular funcionamiento de las defensorías zonales a efectos de proteger los derechos de los niños de esta jurisdicción, disponiendo para ello la asignación de los recursos materiales y humanos que resulten necesarios.
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Texto completo Resolución 1110/11 |
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