La Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró numerosos casos de violencia y abuso policial, en los que se incluyen episodios de tortura, apremios ilegales, desalojos violentos y brutalidad policial; y elaboró una completa investigación donde se analizan los hechos de mayor trascendencia ocurridos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en último semestre de 2010 y el primer semestre de 2011.

El propósito de este trabajo es controlar la actuación de las fuerzas de seguridad para que su proceder se desarrolle conforme a la normativa vigente en la protección de los derechos humanos.

En este sentido, se elaboró una completa investigación donde se analizan los hechos de mayor trascendencia ocurridos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el transcurso del segundo semestre de 2010 y en los primeros seis meses de 2011.

La tarea de la Defensoría del Pueblo al respecto tiene como objetivos esenciales aportar al esclarecimiento de los actos, el resguardo de la legalidad y la contención de víctimas y familiares.

Asimismo, se considera que perpetrar un control sobre la actuación de las fuerzas de seguridad contribuye a que el proceder policial se desarrolle conforme la normativa vigente y en amparo de los derechos humanos.

Casos de violencia policial denunciados donde tomó intervención la Defensoría en el mencionado período:

• Delito de tortura y apremios ilegales en perjuicio de tres menores de edad detenidos en un procedimiento que habrían sido fuertemente golpeados por efectivos de la Comisaría 23º del barrio de Palermo, quienes fueron denunciados además del maltrato por la utilización de un objeto similar a una picana.
• Apremios y exacciones ilegales en ocasión de una detención (también efectuada por personal de la Comisaría 23º) por carecer de documentación vehicular.
• Violento desalojo y demolición de viviendas en el asentamiento de Avenida Vélez Sársfield y las vías del ferrocarril de la Villa 21-24 por parte de la División Roca de la Policía Federal. Las personas que habitaban el predio manifestaron la brutalidad en el accionar de los policías, la falta de uniforme o identificación de la mayoría de ellos, la portación visible de armas y el uso de picanas eléctricas.
• Represión y desalojo de la ranchada de Avenida Paseo Colón y Calchaquí constituida por 25 niños, niñas y adolescentes de entre 9 y 18 años, donde tres patrulleros con más de diez agentes de la Comisaría 14º habrían golpeado a los chicos y habrían prendido fuego los colchones, ropa y demás pertenencias.

Por otro lado, se recibieron y se intervino en una gran cantidad de denuncias de vendedores ambulantes y artistas callejeros que desarrollan su actividad en el espacio público. Entre las acusaciones se destacan las de golpizas, lesiones y abuso de autoridad, amenazas, acoso y hostigamiento policial, procedimientos irregulares de decomiso de mercadería, etc. En la mayoría de estos hechos se reiteró el comportamiento ilícito de los efectivos que deben llevar a cabo las tareas de prevención de contravenciones pertenecientes al Servicio de Brigada de la Policía Federal Argentina, quienes también fueron denunciados por pedir coimas para anular los procedimientos y por no utilizar uniforme para favorecer estas prácticas indebidas. Otros casos:

• Violento operativo de desalojo en inmueble donde personal de la Policía Federal Argentina habría agredido físicamente a las personas que se encontraban en el lugar, incluso mujeres, niños y ancianos.
• Investigación por la muerte de Luis Alberto García, de 16 años, en un confuso episodio de supuesto robo a una agente de la Comisaría 7ma.
• Supuestas tareas de inteligencia ilegales efectuadas por dos policías vestidos de civil en la Faculta de Ciencias Sociales de la UBA.
• Fuertes golpes, agresiones y brutalidad policial por parte de integrantes de la Comisaría 8va. a trabajadoras sexuales de nacionalidad dominicana.
• Investigación sobre los hechos ocurridos entre el 7 y 10 de diciembre de 2010 en Villa Soldati como consecuencia del desalojo del Parque Indoamericano, donde murieron tres personas.

Asimismo, se recibieron numerosas denuncias por amenazas, maltrato y abuso de autoridad en distintos procedimientos irregulares realizados en la vía pública por parte de efectivos policiales.
En la resolución, la Defensoría enfatiza que: “La falta de investigación de los fiscales y los jueces propicia la impunidad de estos abusos y además permite que continúen sucediendo concebidos como práctica institucional. Las actuaciones al margen de la ley del personal policial deben encontrar en la judicatura una respuesta adecuada y fiel a los compromisos internacionales que tiene el Estado. Es desde esta óptica que la Defensoría del Pueblo efectúa la compulsa de las causas penales en las que se investigan hechos de violencia y abuso policial”.

RESOLUCIÓN 2011 / 11