La Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reclamó a los responsables del PROFESalud que regularicen la entrega de medicación, cuya demora está poniendo en grave riesgo la salud de los beneficiarios.

El Programa Federal de Salud es un organismo dependiente del Ministerio de Salud de la Nación que brinda cobertura integral de salud a los beneficiarios de pensiones no contributivas. En el caso de las personas que viven en la Ciudad de Buenos Aires las prestaciones son brindadas a través de un convenio con la gerenciadora Agrupación Salud Integral (ASI).

Los perjuicios para los pacientes son graves porque, según sus reclamos, en lugar de recibir los remedios e insumos para un mes de tratamiento los proveen para diez o quince días, lo que implica nuevas consultas en el mismo mes al médico de cabecera para el pedido de las prescripciones y justificativos. Como así también la necesidad de concurrir varias veces a la ASI para su autorización y finalmente a la farmacia.

Se trata de medicamentos que se utilizan en el manejo de patologías crónicas y otros insumos, como material descartable, además de drogas oncológicas o agentes biológicos para el tratamiento de artritis reumatoidea con un tiempo de entrega que se extiende a más de un mes.

La ASI informó a la Defensoría que los retrasos a la provisión obedecía a que los pagos estaban demorados por parte del Programa Federal de Salud. Esta situación resulta inadmisible para cualquier paciente y más aun teniendo en cuenta que se trata de personas con discapacidades severas que muchas veces limitan su movilidad, o bien familiares a cargo de beneficiarios que no pueden permanecer ese tiempo solos.

Este maltrato y desatención agravan la vulnerabilidad del derecho a la salud de la población beneficiaria, perjudicada por la falta de continuidad de los tratamientos y poniendo en riesgo su vida.

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires subraya que el PROFESalud y la ASI no asumieron su obligación de carácter social, ya que no pueden sustraerse a las prestaciones indispensables que afectan el derecho a la salud de las personas y a su expectativa de recibir un tratamiento adecuado.

Las situaciones denunciadas constituyen un avasallamiento del derecho a la salud y a la rehabilitación, profundizan la discapacidad y aumentan la vulnerabilidad de los grupos sociales afectados. El Estado no puede pasar por alto que las/os beneficiarias/os del Programa ya registran la vulnerabilidad económica que justifica su derecho a percibir una pensión asistencial y, en consecuencia, su correspondiente afiliación al Programa. Ello significa que se encuentran sometidos a una doble causa de exclusión social: la discapacidad y la pobreza.

Por lo tanto, se exhortó al Ministro de Salud de la Nación, a la Directora del Programa Federal de Salud y al Gerente de la ASI que garanticen la entrega de la totalidad de la medicación a las/os beneficiarias/os; y modifiquen el proceso de provisión de la medicación.

RESOLUCIÓN 1977 / 11