Los casos recibidos en este organismo reflejan la gravedad del conflicto planteado: falta de autorización para entrega de medicamentos indicados en enfermedades crónicas, en patologías específicas (Esclerosis Múltiple, oncológicos, VIH/Sida, medicación post trasplante, etc); también para prótesis, ortesis y otros insumos como camas ortopédicas y pañales. Quienes integran esta cobertura son en su gran mayoría discapacitados y personas con pensiones no retributivas que se encuentran en extrema vulnerabilidad social y económica.
La Defensora del Pueblo, Alicia Pierini, consideró que “esta situación, en particular para medicación de patologías crónicas, pone en serio riesgo la salud de los pacientes”.
Por último, la Dra Pierini aseveró que “tanto en Ministerio de Salud de Nación como el de la Ciudad deben tomar rápidamente acciones para proteger el derecho de acceso a la salud de estos vecinso porque el Estado no puede desentenderse de este derecho humano básico. Los problemas de jurisdicción no debieran prevalecer sobre los derechos de las personas”.
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