Sobre 10 hechos violentos protagonizados por personal de la Policía Federal en el transcurso del último bimestre de 2009 y el primer semestre de 2010 e investigados por esta Defensoría, se obtuvieron resultados alarmantes, ya que se constataron actos de violencia y lesiones, abusos, apremios y, en algunos casos, hasta homicidios.

El uso desmesurado de la fuerza continúa siendo una práctica habitual en algunos agentes de esa fuerza, al igual que la utilización de armas de fuego en situaciones que no lo requerían, los comportamientos discriminatorios y el ocultamiento de hechos.

Según el informe elaborado por este organismo, existe una tensión entre las obligaciones del Estado de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y, por la otra, la estructura operativa y las prácticas de la fuerza policial.

La acentuación de prácticas de violencia que involucran a funcionarios de la Policía Federal Argentina son de extrema gravedad. Y la falta de respuesta pone de manifiesto que en algunos sectores existe una tolerancia institucional al uso abusivo de la fuerza.

De los hechos analizados se desprende que en todos los casos las víctimas de la violencia policial comparten distintas situaciones de vulnerabilidad, son en su mayoría jóvenes, pobres, en muchos casos en conflicto con la ley penal y viven, en general, en lugares que incrementan esa vulnerabilidad.

Además, en beneficio del ejercicio de la violencia institucional se construye una falsa imagen que se articula como justificación de la violencia ejercida por las fuerzas policiales. La suposición de que la víctima es un infractor de la ley penal, o en muchos casos un adicto, parece predisponer al uso innecesario de la fuerza y a justificar la aplicación de apremios, el falsificar cargos o “plantar” prueba.

La falta de profesionalismo y la ausencia de controles efectivos en la fuerza policial dan lugar a la comisión de conductas delictivas en un marco de impunidad generalizada.

La corrupción en la policía aparece estrechamente ligada a la posibilidad de abusar de su poder coactivo, por lo que la ocurrencia de estas conductas impactan negativamente en la confianza de las personas.

Quién controla a la Federal

En la actualidad, la Policía Federal Argentina mantiene el control disciplinario dentro de la propia institución en la Superintendencia de Asuntos Internos. Un dispositivo de control interno de tipo corporativo no puede ser satisfactorio para dar cuenta del desarrollo actual de los valores democráticos y de la exigencia internacional sobre la vigencia de los derechos individuales y colectivos. Ausente de control externo, sea de otro organismo del Ejecutivo o sea parlamentario, sin participación de la sociedad civil, conservando la lógica del secreto de las actuaciones sin cumplir con el requerimiento de transparencia que preside hoy por hoy toda la labor del Estado, conforma un escenario en el cual lo único sensato es pensar en una reforma integral que permita superar exitosamente la situación actual.

Resulta inquietante, además, que sea la propia Policía Federal Argentina quien sumaria a sus agentes y a la vez quien asume su defensa cuando uno de ellos es acusado por un delito.

La Policía Federal Argentina no ha sido objeto de reformas profundas desde la restauración democrática. La intensificación de prácticas de violencia que involucran a funcionarios de la Policía Federal Argentina tiene extrema gravedad y la falta de respuesta pone de manifiesto que existe una tolerancia institucional al uso abusivo de la fuerza.

En el caso de la policía resulta especialmente importante la transparencia de sus actos, debido a los amplios espacios de discrecionalidad en el uso de la fuerza.

El surgimiento de mecanismos de control es una respuesta natural frente a los abusos policiales y a la corrupción, en un escenario de democratización de todas las estructuras de autoridad estatal.

Por estas razones, se exhortó al Jefe de la Policía Federal Argentina, Comisario General Néstor Jorge Vallecca, a que se adopten las medidas de investigación necesarias para el esclarecimiento de los hechos descriptos y para evitar que en el futuro se repitan esas prácticas policiales denunciadas.

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